La proposición de ley presentada conjuntamente por Junts pel Sí, PSC y Catalunya Sí que es Pot para la creación de la Agencia de Patrimonio Natural y la Biodiversidad superó la semana pasada el debate a la totalidad en el Pleno del Parlament. Así, se inicia el trámite parlamentario para la aprobación de la ley que concreta la creación de un nuevo ente que se encargará de liderar la protección, la planificación, la gestión, la restauración, la mejora y el estudio del medio natural de Cataluña, tanto en el ámbito continental como marino. El objetivo es potenciar la conservación del patrimonio natural, la biodiversidad y la geodiversidad, con criterios de integridad, sostenibilidad, persistencia y eficiencia.
La creación de la nueva agencia responde a una reivindicación histórica de entidades, administraciones y organismos vinculados a la conservación de la naturaleza en Cataluña. Así, desde hace más de 20 años, ha formado parte de documentos estratégicos y de programas de diversas formaciones políticas.
El objetivo es impulsar y coordinar las políticas en materia de biodiversidad de manera integral, mediante una estructura independiente, como ya sucede con otros ámbitos de las políticas ambientales en Cataluña, como son el agua y los residuos, que sí disponen de una agencia propia.
El nuevo ente da cumplimiento a las directrices de Naciones Unidas y de Europa en torno a la pérdida progresiva de biodiversidad. Concretamente, la Estrategia europea sobre Biodiversidad, aprobada el 2011, insta a los miembros a tomar medidas hasta 2020 para pararla, mientras que a escala mundial, Naciones Unidas promovió el Convenio sobre la Diversidad Biológica durante la Cumbre de la Tierra el 1992. La Agenda Global de Desarrollo Sostenible 2030 también incluye objetivos en este ámbito, vinculando por primera vez el desarrollo sostenible con la conservación del patrimonio natural. Además, el Plan estratégico de la diversidad biológica 2011-2020, y el Plan de acción de los gobiernos subnacionales, ciudades y otras autoridades locales 2011-2020, insta a los gobiernos a coordinarse, a todas las escalas para ser efectivos en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Desde una perspectiva económica, el coste por incumplir el objetivo de la Unión Europea de parar la pérdida de la biodiversidad para 2020 se calcula en 50.000 millones de euros anuales.
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