Cataluña se tiene que plantear el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 95% en 2050 -en base a los niveles de 1990- y de acuerdo con el compromiso europeo de disminuir las emisiones según lo establecido voluntariamente en los acuerdos de París. Así lo exigió ayer, lunes 26 de septiembre, el vicepresidente del Colegio de Ambientólogos de Cataluña (COAMB) y experto en energía, Josep Escarrà, en una comparecencia en el Parlamento de Cataluña en representación del Colegio.

En su intervención, Escarrà desgranó algunos de los puntos clave del posicionamiento del COAMB, entre los cuales hay los de establecer otros objetivos generales complementarios vinculados a PIB y cápita, haciendo énfasis en las implicaciones económicas que tendrá el cambio climático sobre el país. En concreto, dijo, “el impacto del cambio climático puede suponer una disminución de cerca del 30% del PIB de la provincia de Barcelona y de más del 20% de las provincias de Lleida, Tarragona y Girona”.

Como medidas concretas, entre las aportaciones del Colegio al proyecto de ley, el COAMB aconseja establecer impuestos sobre la emisión de N2O y CH4, de forma adicional a la emisión de CO2 y asentar las bases para un sistema de evaluación de la huella de carbono de determinados productos, que tendrá que ser desarrollado por vía reglamentaria. Por último, recomienda establecer mecanismos de balance neto para favorecer el autoconsumo eléctrico de origen renovable y pide incluir la prohibición explícita de la obtención de gas y petróleo de esquisto por fractura hidráulica horizontal, más conocido como fracking.

Por todo esto, el COAMB alienta los parlamentarios a aprobar el anteproyecto, porque, así, Cataluña será pionera en la aprobación de una Ley de Cambio Climático a nivel estatal. La comparecencia en el Parlamento se enmarcó en una sesión para presentar propuestas al proyecto de ley en la cual participaron también otras colegios profesionales y entidades.