El Colegio de Ambientólogos de Cataluña (COAMB) celebró su 16ª Asamblea anual el pasado sábado 19 de enero. Uno de los puntos clave que se trataron en el orden del día fue la situación de los ambientólogos en la Generalitat de Catalunya y las gestiones que está haciendo el Colegio para garantizar un acceso justo a la función pública.

El presidente del COAMB, Ricard Vizcarra, expuso la última información recibida por parte del Departamento de Territorio y Sostenibilidad (DTES). El DTES planea una solución en forma de temario ambiental para el acceso al cuerpo general, sin ofrecer al colectivo ningún margen de maniobra o negociación. Esta opción resultaría una mejora respecto de la situación actual al introducir conocimientos específicos en las pruebas, pero es una opción no exclusiva para titulados en Ciencias Ambientales, ya que podrían acceder otros profesionales con conocimientos ambientales. En este sentido, además, algunos de los profesionales que podrían acceder a esta opción, como por ejemplo los biólogos, ya disponen de un cuerpo propio en la Generalitat, por lo que buscando una solución se estaría perpetuando el agravio comparativo hacia los ambientólogos y ambientólogas.

Por todo esto, el COAMB seguirá luchando en dos frentes: por un lado, tratando que esta solución planteada por el DTES sea exclusiva para los ambientólogos y ambientólogas –la única forma de que fuera una solución buena y que ya existe en el caso de las especialidades económica, jurídica y de prevención– y, por el otro, manteniendo como prioridad la creación de un Cuerpo propio en la Generalitat.

Más de 20 años de agravio comparativo

Queremos recordar que la creación de la titulación en Ciencias Ambientales fue el año 1992, primero como unos estudios propios de la Universidad Autónoma de Barcelona. Después fue reconocido como título oficial el año 1995 y recibió el apoyo económico de la Generalitat de Catalunya durante los primeros 3 años. Más de 25 años después, la propia administración impulsora continúa negando el acceso formal y específico de esta titulación a la Administración pública de la Generalitat, manteniendo a los ambientólogos y ambientólogas en una inexplicable situación de agravio comparativo frente a todas las otras titulaciones que sí disponen de este acceso.