El Colegio de Ambientólogos de Cataluña (COAMB) compareció ayer, 11 de marzo, en la Comisión de Investigación sobre el Proyecto Castor en el Parlamento de Cataluña. El representante del COAMB ha sido el presidente, Ricard Vizcarra, que ha hecho énfasis en las problemáticas ambientales derivadas del Castor y, sobre todo, en los errores que condujeron a la situación posterior.

Indicios de negligencias en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental

El COAMB ha hecho constar en el Parlamento que hay indicios para investigar presuntas negligencias en la ejecución del proyecto. Estas presuntas negligencias en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental habrían podido comportar la materialización de impactos ambientales críticos en forma de movimientos sísmicos. Tal como ha expuesto Vizcarra en el Parlamento, estos indicios son claros.

En primer lugar, en cuanto al conjunto de la tramitación previa y consultas, el hecho de la subdivisión del proyecto grande en proyectos pequeños contradice la normativa estatal y europea, para no someter el proyecto a evaluación ambiental.  Y, en segundo lugar, y punto en el cual ha centrado una gran parte de su exposición Vizcarra, respecto a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto almacén subterráneo de gas natural en Amposta.  Esta declaración de impacto ambiental no tuvo en consideración, a pesar de las denuncias recibidas, el apartado de riesgo sísmico, al que se habían referido el Observatorio del Ebro, la Plataforma Ciudadana de las Terres del Sénia, la misma Generalitat de Catalunya y también otras particulares. En el mismo BOE en el que se publicó la Declaración se recogen estas denuncias, pero aun así no se volvieron a tener en cuenta durante el Proyecto. Por lo tanto, se puede considerar un impacto detectado durante el procedimiento de información pública que no fue evaluado y caracterizado. Con la ejecución del proyecto, además, se acabó demostrando que fue un impacto crítico y paralizante del proyecto. Y todo esto teniendo en cuenta que incluso tres años antes de la DIA, ya se habían realizado dos estudios por parte de la Universitat Ramon Llull y la Universitat de Barcelona que alertaban del riesgo sismológico de la zona.

Por estos motivos, el presidente del COAMB ha afirmado en el Parlamento que es “plausible formular un supuesto en el que la empresa promotora conocía el riesgo de impacto ambiental por movimientos sísmicos inducidos, pero este fue obviado durante el proceso de evaluación de impacto ambiental”.

Para concluir su intervención Vizcarra fue muy claro: “lo que hay que preguntar es qué se sabía sobre la posibilidad de terremotos asociados a la inyección de gas antes de septiembre de 2013 en los alrededores de la Plataforma Castor. ¿Se sabía que la falla de Amposta era una falla activa? ¿Se podía saber la magnitud de los posibles terremotos asociados al movimiento de la falla de Amposta? ¿Se podían prever terremotos de cierta magnitud en los alrededores de la Plataforma Castor asociados a las inyecciones de gas? Con la información y conocimiento disponibles antes de la inyección de gas, la respuesta a todas estas preguntas es afirmativa”.

En definitiva, según hemos expuesto en el Parlamento, no es aceptable excusar a la empresa ESCAL UGS, SL. de su responsabilidad aduciendo que la industria no tenía los medios necesarios para hacer la evaluación. El encargo que se hizo al MIT-Harvard en 2014, después de los terremotos, podía haberse encargado con anterioridad a la inyección de gas de 2013. La responsabilidad de la empresa se establece a partir del momento en que no considera ningún escenario de sismicidad significativa y por tanto no se formaliza ningún protocolo de actuación, y esto, consideramos, es una manipulación maliciosa en el procedimiento de evaluación ambiental.

Por último, Ricard Vizcarra ha hecho un llamamiento a la creación de un cuerpo propio de Ambientólogos y Ambientólogas en la Generalitat de Cataluña: “si no quieren que vuelva a pasar un Caso Castor, trabajen en la creación del cuerpo de ambientólogos de la Generalitat de Cataluña, tramiten la ley de creación del Cuerpo de Ambientólogos de la Generalitat de Cataluña”.

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