Según la OMS, cada año mueren prematuramente en Europa 450.000 personas a causa de la contaminación atmosférica (datos del Informe anual de la Calidad del Aire de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA)).

La constatación de este hecho, gracias a varios informes científicos, hizo que la OMS fijara todavía unos límites más restrictivos para los principales contaminantes, que se producen mayoritariamente por las emisiones del tráfico urbano.

Estudios del CSIC y el ISGlobal ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición a estos contaminantes causan a la salud humana: cáncer, alzheimer, TDAH, enfermedades neurovasculares…

En toda Europa hace ya tiempo que se han tomado medidas para restringir el tráfico a las grandes ciudades. La implementación de éstas se recibió con cierto rechazo al principio, pero las ventajas en la calidad del aire y la salud global hicieron que se superaran con creces las primeras reticencias.

La creación de la ZBE

El proceso participativo para la creación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) existió en todo momento. El COAMB formó parte de las diversas Mesas de Calidad del Aire, en las que estaban presentes todos los actores posibles de la red social y empresarial de la ciudad.

Las posiciones completamente anacrónicas por parte de la plataforma de afectados y su rechazo a un nuevo concepto de vida urbana en la que la disminución de las emisiones contaminantes no se priorice sobre la ciudadanía era evidente en cada propuesta que salía de su movimiento.

Los datos que se proporcionaron y que fueron motivo de apertura de expediente sancionador por parte de la Unión Europea, tanto en Madrid como en Barcelona, ​​demostraban las superaciones con creces en NO2 en diversas estaciones, no siendo exclusivos estos niveles de cabeza en concreto, ya que la situación climática de Barcelona hace que los contaminantes se dispersen muy lentamente por todo el casco urbano.

La sentencia

El pasado lunes 21 de marzo conocíamos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en relación a la anulación de la ZBE, una medida que desde 2017 ha evitado 125 muertes anuales gracias a la mejora de la calidad de el aire. Además, cabe recordar que la ZBE está avalada por el Estado y por la Unión Europea.

En un contexto de emergencia climática, en el que debemos limitar las emisiones de GEI, con directivas claramente restrictivas a nivel europeo y sólidamente comprometidas con los ODS, esta decisión es un retroceso aberrante.

Las razones de la sentencia parecen completamente fuera de lugar, puesto que a priori no se cuestiona la necesidad de tomar medidas contra la contaminación, pero si cuestiona la forma en la que se ha articulado la ZBE. Es cierto que se pueden realizar mejoras legislativas para obtener una protección jurídica adecuada, pero las razones expuestas ni siquiera políticamente son justificables ante la magnitud del problema de salud pública al que Barcelona debe hacer frente.

Consideraciones finales

Desde el COAMB lamentamos la resolución de esta sentencia, que nos hace retroceder en la lucha por el derecho a la salud de las personas. Evitar la muerte prematura de 1.000 personas anualmente en Barcelona, ​​según los datos del último informe de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), siempre debería estar por encima de cualquier defecto de forma en una ordenanza, puesto que éste se puede corregir, pero no podremos devolver la salud de todos aquellos que se verán expuestos a respirar un aire contaminado debido al interés individual por encima del interés colectivo.

Sin embargo, deseamos que la ciencia y el derecho a la salud vencen el negacionismo.

Comisión de Coordinación COAMB