El Síndic de Greuges ha reunido este jueves, 28 de febrero de 2019, a los representantes de varios colegios profesionales (entre ellos el COAMB) que, en el marco de las respectivas disciplinas y ámbitos de conocimiento, han constatado que alrededor del proyecto Castor se han cometido irregularidades que se tienen que aclarar con una auditoría técnica. En caso de que se pruebe que la empresa concesionaria actuó con negligencia quedaría invalidada la indemnización que tendría que recibir.

En concreto, el Síndic ha impulsado la firma conjunta de un documento que han subscrito el Colegio de la Abogacía de Barcelona, en cuanto a los aspectos jurídicos, y los colegios de Geólogos, de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de Ambientólogos, en cuanto a los aspectos técnicos. En el escrito cuestionamos la legalidad de la ejecución del proyecto y, en consecuencia, la legalidad de la indemnización que reclama la concesionaria Escal UGS, SL.

Los firmantes del documento también han reclamado el retorno de las cantidades pagadas por las personas consumidoras a la concesionaria de acuerdo con las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo (TS).

El TC anuló con efectos ex tunc (desde el momento de la supuesta entrada en vigor de la norma, que se tiene que entender que no se ha producido nunca), primero, las normas con rango legal que daban cobertura al pago de una indemnización y repercutían este pago y los costes de mantenimiento en la factura del suministro de gas. Posteriormente, el TS confirmó los efectos retroactivos de la nulidad acordada por el TC sobre los pagos en concepto de la indemnización ya hechos efectivos antes de que se publicara la sentencia del Tribunal Constitucional.

Las partes que han firmado el documento impulsado por el Síndic manifiestan que la indemnización estaba condicionada a la inexistencia de luto o negligencia en la ejecución del proyecto y a la operatividad de la plataforma, pero se hizo efectiva sin verificar que se cumplían estas condiciones. Por este motivo, también reclaman que el Gobierno del Estado encargue una auditoría técnica para determinar si las actuaciones de la concesionaria antes de la inyección de gas y en la operación de la plataforma fueron las adecuadas a la configuración geológica de la zona. En el informe Projecte Castor: Bases per a una auditoria tècnica se argumenta esta necesidad.

Concretamente, hemos suscrito esta petición, a parte del Síndic, Rafael Ribó; en representación del Colegi de la Abogacía de Barcelona, la diputada de la Junta de Gobierno Susana Ferrer; el presidente del Colegio de Geólogos de Cataluña, Ramon Pérez. Por parte del Colegio de Caminos, Canales y Puertos, ha firmado el documento Carlos Chica y en representación del Colegio de Ambientólogos de Catalunya lo ha hecho el tesorero, Víctor Luna.

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