La Generalitat de Catalunya, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el Ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, la Federación Catalana de Municipios y la Asociación de Municipios de Cataluña han consensuado una propuesta de convenio para que las empresas suministradoras que aún no lo han hecho se adhieran a la lucha contra la pobreza energética. También han acordado un nuevo protocolo de actuación para evitar los cortes en el suministro. Las administraciones han formulado una propuesta común de convenio para ofrecer a aquellas suministradoras de servicios básicos que aún no han llegado a ningún acuerdo de colaboración con la Generalitat para hacer frente a la pobreza energética.

La figura del convenio está incluida en la Ley 24/2015 para buscar vías de colaboración y corresponsabilidad en la lucha contra la pobreza energética. A día de hoy, 21 distribuidoras de agua que abastecen a casi 6,5 millones de ciudadanos ya han suscrito uno. La propuesta de convenio recoge diferentes compromisos por parte de las suministradoras. Por un lado, establece que se dirigirán a los servicios sociales municipales para solicitar su informe acreditativo antes de proceder a cualquier interrupción de los suministros.

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