Sin ningún diálogo social ni información previa, la Generalitat ha aprobado nuevas medidas que destruyen la ya reducida soberanía alimentaria de Catalunya, permitiendo autorizar proyectos de grandes centrales de renovables aunque no se haya comprobado que cumplen las regulaciones urbanísticas.

El pasado 1 de marzo el Departamento de Acción Climática convocó a un gran número de entidades ecologistas, municipalistas, sectores universitarios, sindicatos y otros representantes expertos a una reunión previa a la constitución de la Mesa de Diálogo Social de las Energías Renovables (creada en el Decreto Ley 24/2021 de Aceleración de las Energías Renovables Distribuidas y Participadas).

Seguidamente, se inició un proceso de trabajo organizado a través de cuatro comisiones que, en vez de tratar los objetivos fundacionales de la Mesa de Diálogo, se dedica a valorar y debatir sobre diversos artículos del anteproyecto de ley de Transición Energética (es prevé su aprobación en 2024).

Una veintena de entidades sociales, ecologistas y municipalistas que participan en este proceso de trabajo han manifestado en foros internos su disconformidad con el sistema de funcionamiento de estas comisiones que no garantiza un diálogo social real. Para terminar de hacerlo más evidente se había pedido a los integrantes de todas las comisiones que reservaran el día 7 de junio para asistir a una Reunión Plenaria. Esta reunión ha sido cancelada la tarde del último día hábil previo al encuentro.

Indignación por la aprobación de nuevas medidas sin ningún diálogo social ni información a los afectados.

El descontento por el mal funcionamiento de la Mesa de Diálogo Social para las Renovables se ha convertido en indignación a raíz de la aprobación del Decreto Ley 5/2022, de 17 de mayo, de medidas urgentes para contribuir a paliar los efectos del conflicto bélico de Ucrania. En el marco de este decreto, que contiene medidas muy diversas, se aprueban dos modificaciones altamente relevantes en la regulación de la implantación de las energías renovables. Todo ello, mientras se observa cómo continuamente van apareciendo en información pública varios proyectos de renovables que no cumplen los preceptos legales establecidos en el artículo 19 de la Ley 16/2017 del cambio climático, ya que ni son de proximidad, ni se implantan en espacios ya alterados, ni son distribuidos.

Desprotección de los cultivos de regadío para la instalación de renovables. Una pérdida de soberanía alimentaria que Cataluña no puede permitirse.

Se eliminan las restricciones que impedían instalar grandes extensiones de placas solares en zonas de implantación de nuevos riegos o de transformación de los existentes, aprobadas en el marco del Decreto ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. Esta eliminación abre la puerta a las grandes multinacionales promotoras de grandes centrales de renovables a eliminar miles de hectáreas de regadío en Cataluña, con la única limitación (todavía vigente) de no exceder el 5% de superficie municipal.

Las infraestructuras de riego suponen riqueza y prosperidad por el territorio, generando actividad económica multiplicando la productividad agraria y creando numerosos puestos de trabajo en las áreas rurales. Contribuyen a reducir la despoblación y abandono de las áreas rurales que es una de las grandes amenazas para la conservación de los espacios naturales y la biodiversidad. A su vez, atentan claramente contra la soberanía alimentaria de Cataluña, contra la capacidad de autoabastecernos de alimentos de proximidad, elemento clave en la lucha contra el cambio climático y de prevención ante las crisis alimentarias que éste generará.

La conveniencia de proteger el conjunto de las superficies agrarias de Cataluña, también las de secano, adquiere una relevancia vital y se convierte en una cuestión de supervivencia en el actual contexto de cambio climático, que provocará crisis recurrentes de malas cosechas y períodos de desabastecimiento alimentario global . Debe tenerse en cuenta que Catalunya produce únicamente el 45% de los alimentos que consume. Por tanto es prioritario no perder soberanía alimentaria por intereses especulativos del oligopolio energético.

Esta necesidad de proteger los cultivos en Cataluña está regulada por la Ley 3/2019, de 17 de junio, de los espacios agrarios que, en los artículos 1 y 2 afirma que ejercen una función primordial e insiste en “ Reconocer el espacio agrario y el entorno rural como bienes de interés general para la población, en el marco de un mercado global” (artículo 2, apartado d). La Ley 16/2019 también garantiza la “no afectación significativa a suelos de alto valor agrológico o de interés agrario elevado” con los proyectos de grandes centrales de producción de renovables.

Este punto es especialmente grave dado que el sentido común y un gran número de estudios hacen evidente que, por razones de eficiencia y de cohesión territorial, es necesario priorizar la instalación de las renovables en espacios ya antropizados (áreas periurbanas , polígonos industriales, tejados, etc.). Así lo regulan diversas normativas europeas, estatales y la propia Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático en su artículo 19.

Vía libre en las grandes centrales de renovables aunque no cumplan con las normas urbanísticas.

El Decreto Ley 5/2022 modifica el artículo 18.1 del DL 16/2019, añadiendo un párrafo en lo que atribuye al órgano competente en materia de energía la autorización de construcción de grandes centrales de renovables en suelo no urbanizable, todavía que el órgano urbanístico no se haya pronunciado. Esto significa que los promotores, con la autorización de construcción aprobada por el órgano energético, podrían solicitar la licencia de obras en los Ayuntamientos y, eventualmente, iniciar las obras sin que el órgano urbanístico se haya pronunciado. Esta incongruencia, en caso de que finalmente el órgano urbanístico declarase inviable aquellos proyectos, podría acabar derivando en litigios en los que los promotores reclamaran indemnizaciones a la administración pública.

Este hecho, además de representar un contrasentido desde la lógica del proceso de autorización de proyectos en suelo no urbanizable, otorga al órgano energético unas competencias que no le son propias, como la de autorizar la construcción de proyectos. Además, es una situación que pone presión a los Ayuntamientos ya las Comisiones Territoriales de Urbanismo, que se encontrarían con que deberían tomar decisiones sobre la viabilidad urbanística de proyectos de renovables que ya tienen otorgada la autorización de construcción por parte del órgano energético.

El diálogo social es imprescindible para un buen despliegue de las renovables en Cataluña.

Por todo ello, las entidades sociales, agrarias, ecologistas y municipalistas abajo firmantes, que formamos parte de la Mesa de Diálogo Social para las Renovables (TDSR) exigimos al Gobierno de la Generalidad de Cataluña y en concreto al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural,

  • Que la Mesa de Diálogo Social sea el espacio donde se informe y debata sobre todos los cambios normativos que afecten a los proyectos de energías renovables.
  • Que permitan la participación de la Mesa de Diálogo Social en la preparación del Plan Territorial para la implantación de las energías renovables en Cataluña – PLATER.
  • Que no se tramiten grandes proyectos de renovables en suelo no urbanizable mientras la Mesa de Diálogo Social no concluya sus trabajos.

 

Listado de entidades y expertos que forman parte de la Mesa de Diálogo Social para las Renovables que firman este comunicado conjuntamente:

ACATCOR (Associació Catalana de Comunitats de Regants)

AMEC (Associació de Municipis Eòlics de Catalunya)

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)

GEPEC – EdC (Grup d’Estudis i Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Catalunya)

IAEDEN – Salvem l’Empordà (Institució AltEmpordanesa per a la Defensa de la Natura)

IPCENA – EdC (Institució de Ponent per a l’Estudi i la Conservació de la Natura – Ecologistes de Catalunya)

MdC (Associació de Micropobles de Catalunya)

Sergi Saladié Gil. Professor associat al Departament de Geografia de la URV

XCTEJ (Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa (que integra 92 plataformes i entitats d’arreu de Catalunya)

XSE (Xarxa per la Sobirania Energètica)

 

Otras plataformas y entidades que dan soporte a este Comunicado:

ACARN (Associació Cultural d’Art amb Respecte per la Natura)

ALLIMO (Albera Lliure de Molins)

Associació de Naturalistes de Girona

Associació per la Sostenibilitat Ambiental de l’Alta Segarra i l’Anoia

El FANAL (Grup Ecologista del Moianes)

GDMNS-EdC (Grup de Defensa del Medi Natural de la Segarra)

PDPAS (Plataforma en Defensa del Paisatge d’Alta-riba i la Segarra)

Plataforma Tivissa Sud

Preservem l’Anoia

Salvem Castellfollit del Boix

Salvem el Pla de Riols

Salvem lo Pallars

Salvem lo Siurana

Salvem Ribera d’Ondara

Salvem Serra de Feixes

Salvem Tous

Sobirania Energètica Baixa Segarra

Stop Vandellòs II

Tivissa Sud